El gobernador Rodolfo Suárez anunció este jueves que no reglamentará la ley 9.209, por lo cual la norma que modificó la 7.722 y facilitaba la actividad minera en la provincia, que provocó masivas movilizaciones y protestas, no entrará en vigencia.
Además el mandatario informó que convocará al diálogo a diversos sectores económicos, sociales, universitarios y religiosos para intentar llegar a un acuerdo multisectorial. Y, como última instancia, no descartó llamar a un plebiscito vinculante y obligatorio para que los mendocinos definan si quieren o no minería.
«Queremos un debate serio, no violento. Si después de este proceso no se llega a un acuerdo, no se descarta convocar a una consulta popular vinculante. Sería la última instancia», indicó Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno.
El funcionario explicó que si bien la ley 9.209 no será reglamentada, quedará sancionada. Y si luego de las discusiones con otros sectores es necesario realizarle modificaciones, eso se hará a través de otra norma.
Por su parte el ministro de Economía, Enrique Vaquié, manifestó que la idea es «escuchar lo que cada uno tiene para decir y transmitir lo que nosotros creemos». Además prometió que «todo será lo más rápido posible».
Estarán convocadas al diálogo referentes de organizaciones sociales, sindicatos privados, cámaras empresarias, universidades y religiones. «Si algún sector no está incluido en esto y quiere participar, que lo pida», señaló Vaquié.
El primer llamado será para las diferentes iglesias de la provincia. «Vamos a escuchar y esperar el acuerdo. Si no veremos qué alternativas tomamos», señaló Vaquié en referencia a un posible plebiscito.