Un fallo judicial por daños y perjuicios dictado por el Tribunal de Gestión Judicial Asociada N° 1 de la Primera Circunscripción de Mendoza contra la Municipalidad de Guaymallén, debido a la desidia de la gestión de Marcelino Iglesias, costará al erario público más de 2 millones de pesos, luego de que la empresa La Efectiva SA, propietaria de una estación de servicio para expendio de gas natural comprimido (GNC) para rodados, ubicada en calle Alberdi N° 528/592 del Distrito de San José, demandara a la comuna por el perjuicio económico que le ocasionó la demora de obras por parte de la comuna.
Según la demanda de la empresa, entre el 25 de abril y el 07 de junio de 2017, el ingreso vehicular a la estación de servicio de la cual es propietaria se vio impedido en razón de una obra municipal de repavimentación y reemplazo de cañerías de agua y cloaca, de la que no fue con anterioridad notificada y lo que motivó que no ingresaran vehículos, en perjuicio de la firma para sostener su estructura de costos.
Según la demanda, «luego de la apertura parcial de la circulación vehicular, durante seis meses no pudo recuperar el nivel de clientela que tenía antes del cierre, sufriendo además un daño comercial».
Pese a los reparos que puso el municipio, la Jueza Fabiana Martinelli, falló a favor del demandante, obligando a la comuna al pago de $1.531.428,22 «a efectos de resarcir el daño patrimonial directo producido por el accionar lícito del Estado en la realización de la obra de repavimentación, reemplazo de la red de agua y cloacal de calle Saavedra entre Pellegrini y Costanera, del Departamento de Guaymallén, Mendoza«.
Pero además, si la justicia dio la razón a un comerciante por una demora de 45 días de una obra municipal; sienta un precedente jurídico para el reclamo de los comerciantes cuyos negocios se ubican sobre el Carril Godoy Cruz, teniendo en cuenta que Guaymallén tiene la mayoría de las obras paralizadas y las va haciendo a «cuentagotas».
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